Prorrogar las medidas de aseguramiento, para evitar la salida de por lo menos 190 personas capturadas y cuyas audiencias de acusación no se han realizado, será el ‘plan de choque’ de las autoridades ante la alerta roja por esta grave situación.

“La alerta es la entrada en vigencia de la Ley 1760, que es la de la racionalización de la detención preventiva, que busca resolver la situación de aquellas personas que lleven más de 20 meses privadas de la libertad, para evitar que se presenten daños antijurídicos por la detención de ellas sin justa causa. Esto ha sido tasado en más de 20 billones de pesos los daños causados al erario”, precisó el Jefe de la Oficina Distrital de Seguridad y Convivencia, Yesid Turbay.

Ante ello, al entrar en vigencia dicha Ley este primero de julio, existe la posibilidad de que cerca de 456 personas obtengan su libertad, de las cuales 190 están calificadas como ‘semáforo rojo’, es decir, en grado de inminencia, razón por la que tanto la Fiscalía como el Consejo Superior de la Judicatura evalúan la prórroga de las medidas para lograr que esos capturados que han cometido delitos graves de homicidio, sexuales, entre otros, no obtengan la libertad.

“Ellos podrían solicitar la libertad, lo que no significa una salida inmediata porque tienen que hacerlo a través de una audiencia”, precisó.

Destacó que durante el mes de junio el trabajo articulado de las autoridades refleja excelentes resultados, “pero en un momento estas personas podrían enredar los logros y la seguridad ciudadana podría verse afectada”.

Por su parte, la presidenta de Asonal Judicial Atlántico, Luz Marina Lobo, señaló que ante el Gobierno Nacional se ha solicitado la ampliación del presupuesto “precisamente para estas circunstancias, porque no tenemos personal suficiente, ni fiscales ni jueces, para tomar en cuenta estas situaciones nuevas que están apareciendo”.

Aseguró que “tenemos la misma planta de personal de hace 15 años, lo hemos estado denunciando y oídos sordo. Lo que pretende el Gobierno es que con el mismo personal reducido de jueces y fiscales, tomemos la Ley 1760 de 2015 y 1786 de 2016 y no vamos a tener suficiente tiempo para asumir las numerosas peticiones que van a ser presentadas”.

Calculó que en el Atlántico por lo menos se requieren 50 nuevos fiscales con sus respectivos asistentes y otros 50 jueces con todo su equipo de trabajo.

Advirtió que las solicitudes de prórroga deben ser bien sustentadas para que el juez asignado valore las circunstancias.